Respondí las tres preguntas del caso de la Agencia Nacional de Servicios Ciudadanos: cómo gestionar la resistencia, qué papel juega la regulación y cómo sostener el cambio. Me salieron 17 páginas. No me limité a validar el modelo: sostuve que los ocho pasos de Kotter no avanzan en fila india y que el modelo supone una autoridad de la que un director de entidad pública no dispone, porque ni elige su equipo ni define incentivos ni puede desvincular personal. La tesis que atraviesa el documento es que la transformación digital del Estado se administra como proyecto de tecnología cuando en realidad es un proceso político, jurídico y cultural.
Argumenté que la resistencia responde a cuatro incentivos racionales del servidor público: la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal, la memoria de reformas abandonadas, la asimetría de competencias digitales y una carrera administrativa donde el error castiga pero la innovación no premia
Separé el papel triple de la regulación (habilita, restringe y delimita) con normativa concreta: Ley 2213 de 2022, Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y el CONPES 3975
Propuse medir adopción y no instalación, y señalé que el caso reporta mejoras sin línea base previa, con lo cual cualquier resultado queda sin respaldo
Entregué el documento en docx y pdf con referencias en APA 7, apoyándome en Kotter (1996 y 2014), Heifetz (1994), Rogers (2003), Moore (1995), Singun (2025) y Quintero Salazar (2025)
Lo que costó. En el cuestionario de puntos extra tuve que corregirme a mí mismo: llegué creyendo que la transformación digital se adapta a cualquier tipo de liderazgo, y al revisar el artículo de la semana quedó claro que exige uno adaptativo. Revisé esa respuesta y la corregí antes de enviar.
Qué pedían
El enunciado y la rúbrica, tal cual los publicaron.